MÉXICO.- «No es un hecho injerencista, no es contra el Gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control sobre la venta de las armas», dijo el presidente en conferencia de prensa.
El 4 de agosto, el Gobierno mexicano presentó una demanda ante una corte federal de la ciudad estadounidense de Boston, estado de Massachusetts (noreste), en contra de 10 empresas de producción y distribución de armas esa nación norteamericana que son señaladas por «prácticas comerciales, negligentes e ilícitas», que facilitan el tráfico ilegal de armas al país latinoamericano.
López Obrador añadió que es una acción contra la forma en que se fabrican y venden las armas que llegan a México y causan muerte «porque no hay ningún control, se compran hasta por internet».
«No es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar armas», insistió.
López Obrador señaló que el juzgado de Boston no resolverá de inmediato, dado que se va a pedir toda la información, «ya que estas empresas hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada».
La demanda esgrime que la venta ilegal de armas y distribuidores está vinculada a por lo menos 17.000 asesinatos en México.
«Es la primera vez que se hace un planteamiento así, cuidadoso, con apego a la legalidad y respetuoso con la independencia y la leyes de Estados Unidos», dijo López Obrador.
La Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó el 4 de agosto en un comunicado que la industria realice prácticas comerciales «negligentes».
«Las acusaciones no tienen fundamento. El Gobierno mexicano es responsable por el crimen rampante y la corrupción en sus fronteras», dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente y consejero legal de la NSSF, la asociación que representa a la industria de las armas en Estados Unidos.
México calcula que 70% de las armas traficadas al país provienen de Estados Unidos, según la cancillería.
