Afganistán.- Los talibanes permitirán que las mujeres estudien en la universidad, siempre y cuando lo hagan separadas de los hombres, confirmó el ministro de Educación Superior del nuevo régimen afgano, Abdul Baqui Haqqani.
“Nuestros combatientes han asumido sus responsabilidades” al recuperar el poder, dijo Baqui Haqqani en una conferencia de prensa en la que recalcó la importancia del sistema universitario.
“[De aquí] en adelante la responsabilidad de la reconstrucción del país recae en las universidades. Y tenemos esperanza, porque el número de universitarios se ha incrementado considerablemente” en comparación con la época del primer régimen talibán (1996-2001).“Esto hace que seamos optimistas para el futuro, para construir un Afganistán próspero y autónomo (…) Debemos hacer un buen uso de las universidades”, agregó.
Confirmó que el gobierno prohibirá las clases mixtas en las universidades, permitidas por el gobierno derrocado a mediados de agosto: “No nos plantea ningún problema. Son musulmanes y lo aceptarán. Hemos decidido separar [hombres y mujeres] porque las clases mixtas son contrarias a los principios del islam y de nuestras tradiciones”.
Este anuncio preocupa a muchas afganas universitarias, quienes afirman que no tienen medios materiales ni financieros para adaptarse a la segregación por sexo. La UNESCO también se manifestó en el mismo sentir, y advirtió que estaba en peligro el inmenso progreso logrado desde 2001 en la educación, “una catástrofe general que podría afectar el desarrollo de ese país”.
El panorama para las mujeres afganas no es muy alentador. De hecho, ayer la conocida doctora Fahima Rahmati, directora de una organización en el sur de Afganistán, denunció que los talibanes asaltaron su domicilio y detuvieron a sus tres hermanos, noticia que suscitó indignación.
“Los talibanes entraron por la fuerza en nuestra casa en plena noche. Podrían haber llamado a la puerta si necesitaban hacer una verificación, no hay armas o empleados gubernamentales en nuestra casa”, expuso la directora de la Fundación Heela en un video compartido en Facebook.
Rahmati acusó a los combatientes de encañonar a niños y mujeres presentes en su domicilio, golpear a los miembros de su familia y detener a sus hermanos: “Llevo a cabo obras benéficas para la sociedad y por eso han asaltado nuestra casa, ¿qué tipo de barbarie es esta?”, sollozó.
El miedo de las mujeres se ha hecho patente en Afganistán tras el regreso al poder del talibán. Otras, armadas de valor, tomaron la difícil decisión de regresar, junto a un par de grupos de la policía —que contrastan con su alegría por volver— a sus funciones en el aeropuerto de Kabul, en donde se registró un atentado terrorista el 27 de agosto, cuatro días antes de que Estados Unidos retirara por completo sus topas.
“[Volví porque] necesito dinero para atender las necesidades de mi familia”, dijo Rabia, de 35 años y madre de tres niños, quien vestía con traje de chaqueta azul y bien maquillada. Desde 2010 trabaja en la terminal para GAAC, compañía que tiene sede en Emiratos Árabes Unidos.
“Estaba nerviosa en casa, tenía miedo, no podía ni hablar”, agrega. “Me sentía muy mal. Ahora me siento mejor”, relata.
Los policías especializados, por su parte, mantendrán el orden y la seguridad en el aeropuerto, así como en controlar a los pasajeros: “Estoy contento de que, tras una gran transformación, tengamos la oportunidad de servir a nuestro país. Esta es nuestra profesión y nuestra identidad”, dijo Fawad Khan, uno de los oficiales que ha vuelto a la labores.
La ONU buscará este lunes en Ginebra un mayor consenso global para responder a la crisis afgana, primero en la reunión del Consejo de Derechos Humanos, que inaugura su 48 sesión, y más tarde en una conferencia donde espera que su llamamiento de ayuda sea respondido por las principales economías.
El drama de Afganistán será uno de los principales temas que la alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, abordará en la inauguración del consejo.
Se espera que Bachelet envíe un mensaje de advertencia al régimen talibán, aún no reconocido internacionalmente, en un momento de creciente represión a las protestas en su contra y temores a que las violaciones a los derechos se conviertan en la norma de su gobierno, como lo fueron hace 20 años.
