MÉXICO.- La Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN, Mariana Gómez del Campo, denunció ante la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, el crimen de Estado, donde 40 migrantes fueron asesinados en Ciudad Juárez.
Tras una reunión con Luis Almagro, Secretario General de la OEA, la también Diputada Federal pidió que el Consejo Permanente de este organismo pueda pronunciarse y emitir de manera urgente resoluciones y recomendaciones ante la constante violación de los derechos humanos en México y para que se pueda garantizar el cumplimiento de medidas.
“El día de hoy le dije al Secretario que no hay una sola renuncia de funcionarios en la mesa. El Secretario de Gobernación sigue aferrado a la silla y también el Director del Instituto Nacional de Migración, increíble, todos siguen en sus puestos como si no hubiese pasado nada”, reclamó.
Desde Acción Nacional, puntualizó, acudiremos a todas las instancias nacionales e internacionales para explicar y dar a conocer lo que ocurre en México con los migrantes y como se violentan todos los días sus derechos humanos.
En la misiva entregada a la OEA, se narra que el pasado 27 de marzo hubo una acumulación y falta de protocolos por parte de las autoridades migratorias, a cargo del INM, que culminaron en un incendio en un centro de detención en el que perdieron la vida 40 personas provenientes de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela. Ante este doloroso hecho, el presidente López Obrador se limitó a culpar y a revictimizar a los migrantes.
Asimismo, detalla la carta que la Fiscalía General de la República procederá penalmente contra Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del INM, quien no se ha pronunciado sobre el incidente y tampoco ha sido destituido de su cargo.
Todo esto se suma a lo ya reportado por diversas organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, medios de comunicación y el último reporte de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se señala que las personas migrantes y las que se encuentran en busca de refugio son objetivo y víctimas de la policía local, de los agentes federales de migración y de funcionarios de aduanas, tanto en fronteras terrestres como en aeropuertos, víctimas de crimen organizado y los niños y niñas son el grupo más vulnerable.
