Los cierres de las legislaturas en el Congreso mexicano siempre son preocupantes pues, con prisas por acabar, se votan leyes sin estudio ni escrutinio público. En particular, este cierre de sesiones es preocupante, pues se están votando cosas aberrantes, al tiempo que se ignoran temas importantes, todo ello afectando el futuro tecnológico de México, arriesgando a instituciones y la seguridad de millones de mexicanos.
Uno de los casos más delicados que se ha tratado es el nuevo registro de celulares, Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mismo que fue votado la semana pasada en la Cámara de Diputados a propuesta de Morena, aunque la redacción del texto provino de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.
Con esto, la idea de la SSPC es “acabar” con los altos índices de delitos que ocurren en el país, en particular los de secuestro y extorsión. Pero, al contrario, como se verá, los delitos aumentarán y se pondrá en riesgo a empresas nacionales y a los cientos de millones que usan la telefonía móvil.
Primero, el registro, como está planteado, es una medida absurda, pues sólo quieren inscribir a quienes usen línea telefónica de concesionarios mexicanos como Telcel, AT&T, Telefónica, Izzi móvil, entre otros. No aplica el registro si usas una línea extranjera en México, pero sobre todo, no aplica si tienes un equipo celular o PC y vía internet utilizas cualquier app para comunicarte: WhatsApp, Silent Phone, Wire, Cryptomator, Confide, Cyph, Telegram o Wickr.
Estas apps son utilizadas ya por mucha gente, pero también por el crimen organizado. Así, dado que no se puede incluir ni a éstas ni a los concesionarios extranjeros en el registro, desde el Congreso sólo se impone una pesada carga a los concesionarios nacionales y a los usuarios.
Además, los clientes de las líneas nacionales están en riesgo, pues no hay ninguna garantía de cómo ni quién llevará la base de datos. Será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien cuidará la información personal, bancaria y hasta datos biométricos que quieren que les proporcionemos.
Es tan caótico el tema, que el Congreso ni presupuesto asignó al IFT para la obligación que ahora le quiere dar. Así que, sin recursos, es un enigma cómo va a salvaguardar los datos de los titulares de 120 millones de celulares. Hay que recordar que el anterior registro de celulares, que data de 2009, llamado Renaut, se tuvo que disolver apenas dos años después de su creación, pues las bases de datos acabaron vendiéndose en el mercado negro y hasta en línea.
Y, peor aún, ahora se pretende que cualquier autoridad policiaca y del Ministerio Público pueda pedir la información de los celulares, incluso sin mandato judicial, al IFT. Esto debe preocuparnos a todos, pues cualquier funcionario, federal o local, con “charola”, podrá solicitar de nuestro celular: tarjeta SIM, fecha y hora de activaciones, nombre completo del usuario, número de identificación oficial, fotografía, CURP, domicilio, concesionario, código de identidad de fabricación, características del teléfono, y datos bancarios y biométricos.
Lo anterior preocupa, pues con esos datos podrán seguir y triangular la posición de cualquier usuario de telefonía móvil en el país, además de identificar quién es y dónde vive. Mientras, los criminales usarán apps como las arriba descritas y no correrán riesgo alguno. Pero, si no te inscribes al registro, perderás tu número celular.
En síntesis, lo que los diputados aprobaron, a instancias de la SSPC, es una medida muy costosa para los concesionarios nacionales, inmanejable para el IFT y riesgosa para los 120 millones de usuarios de telefonía celular en el país. Y, una vez más, se trata mejor a las empresas extranjeras que a las nacionales. Vaya ocurrencia. El tema irá al Senado en febrero. Ojalá se rectifique este peligroso error.
