CHIHUAHUA, Chih.- La audiencia de formulación de imputación contra el exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, reveló nuevos detalles sobre la presunta participación de ciudadanos estadounidenses en el operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, así como registros de hoteles, vehículos rentados, videograbaciones y testimonios de agentes estatales que participaron en el despliegue.
Durante la diligencia celebrada este domingo 18 de octubre, el Ministerio Público expuso datos de investigación relacionados con la presencia y traslado de extranjeros, dos de los cuales murieron junto con dos agentes estatales cuando una unidad cayó a un barranco.
Sin embargo, uno de los momentos relevantes de la audiencia ocurrió cuando el juez Luis Alberto Simental Ortega ordenó a la Fiscalía abstenerse de incorporar como dato de prueba una declaración de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, quien también figura como imputado en la misma causa penal.
Juez impide utilizar declaración de Zuany Portillo
La controversia surgió cuando el Ministerio Público comenzó a leer una declaración que Zuany había rendido como testigo durante las primeras diligencias de la investigación.
La defensa de Jáuregui se opuso al considerar que el exfuncionario actualmente tiene la calidad de imputado, cuenta con una orden de aprehensión en su contra y realizó aquella declaración sin la asistencia de un abogado defensor.
Los litigantes argumentaron que utilizar ese testimonio podría vulnerar sus derechos a no autoincriminarse y contar con una defensa adecuada.
Por su parte, la representación social sostuvo que la declaración fue obtenida legalmente cuando Zuany todavía era considerado testigo y se desempeñaba como fiscal de Operaciones Estratégicas.
Tras escuchar ambas posturas, el juez resolvió que esa declaración no debía incorporarse como dato de prueba en esta etapa procesal, aunque permitió continuar la audiencia con los demás elementos de investigación.
Agentes identificaron a extranjeros en el convoy
Entre los testimonios expuestos destacó el del agente Óscar David Rosas Carrasco, quien declaró que el 16 de abril observó a personas que no pertenecían a la corporación durante los preparativos del operativo en las instalaciones de Operaciones Estratégicas, ubicadas en el C4.
Según su relato, uno de los hombres conducía un automóvil gris que no era unidad oficial, mientras otros acompañaban al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes.
El agente señaló que algunos vestían ropa oscura, utilizaban capuchas y hablaban español con dificultad y acento estadounidense.
“Entre las conversaciones que se escuchaban entre los mismos compañeros, es decir, los del convoy, se les decía gringos”, refirió el elemento en su declaración.
Otro agente, Aldo Payán Prieto, relató que durante el despliegue observó a dos personas encapuchadas, con vestimenta táctica, que acompañaban al director de la AEI y conversaban en inglés.
Estos testimonios fueron presentados por el Ministerio Público para sustentar su señalamiento sobre la presencia de ciudadanos extranjeros en la operación.
El accidente donde murieron cuatro personas
La Fiscalía también dio lectura a un informe policial relacionado con el accidente ocurrido durante el regreso del operativo.
Según el documento, alrededor de la 1:50 de la madrugada del 19 de abril, una unidad del convoy en la que viajaba el director Oseguera Cervantes cayó a un barranco y se incendió, aproximadamente a un kilómetro de la comunidad de Polanco, en el municipio de Batopilas.
En el lugar fueron encontrados cuatro cuerpos, correspondientes al director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes; al agente Manuel Genaro Méndez Montes, y a dos ciudadanos estadounidenses.
El informe leído durante la audiencia describió a los extranjeros como personas vinculadas con la Embajada de Estados Unidos que participaban en asuntos relacionados con drones.
Entre los documentos mencionados también figuró una identificación expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores que acreditaba a David Matthew Silva como cónsul del Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez.
Escolta narra traslados a hoteles y aeropuerto
Otro de los testimonios fue el de un escolta de Zuany Portillo, identificado con las iniciales A.J.R., quien declaró que el 16 de abril vio salir a cuatro hombres de una sala de juntas en las oficinas de Operaciones Estratégicas, acompañados por el director de la AEI.
El agente también relató que el 19 de abril recibió instrucciones para apoyar en el traslado de personas mediante una camioneta Suburban.
Según su declaración, acudió a establecimientos de hospedaje, entre ellos el Holiday Inn y el hotel Veta, ubicado en Distrito 1, y posteriormente se trasladó al aeropuerto de El Charco.
En ese lugar, afirmó haber observado el aterrizaje de dos avionetas y reconocido a uno de los hombres que días antes había visto en las oficinas de Operaciones Estratégicas.
También describió el movimiento de bolsas negras entre aeronaves y vehículos, así como el traslado de personas hacia el hotel Veta y posteriormente a instalaciones del C4.
El escolta aseguró que estas actividades se realizaron por instrucciones transmitidas a través de Néstor Isaías Bustamante Reyes, coordinador de Inteligencia, quien se habría comunicado con él por indicación de Zuany Portillo.
Su relato fue acompañado de referencias a registros de hotel y videograbaciones en las que, según la investigación, identificó a una de las personas observadas durante los preparativos del operativo.
Reservaciones y GPS apuntan a visitas desde 2025
La investigación también incluyó información sobre Richard Leiter Johnston, uno de los estadounidenses fallecidos.
De acuerdo con los registros presentados por el Ministerio Público, Johnston realizó estancias en Chihuahua desde octubre de 2025, regresó del 21 al 31 de enero de 2026 y tenía una reservación del 14 al 20 de abril, periodo en el que ocurrió el operativo.
La Fiscalía documentó además contratos de arrendamiento de dos vehículos Jetta grises, identificados con los números 81957 y 85272, registrados a nombre de Johnston.
Un análisis de los sistemas GPS, fechado el 15 de mayo, señaló que ambos automóviles registraron visitas y permanencias prolongadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, particularmente en las inmediaciones de las oficinas de Operaciones Estratégicas.
Para el Ministerio Público, estos datos forman parte de la reconstrucción de los movimientos de los ciudadanos extranjeros y su posible relación con las actividades desarrolladas por personal de la Fiscalía.
¿De qué acusa la Fiscalía a César Jáuregui?
La representación social imputa al exfiscal los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
Su hipótesis es que Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo se habrían concertado para incorporar y mantener a cuatro personas extranjeras en el operativo, sin cumplir con los mecanismos federales de autorización, información y control correspondientes.
La Fiscalía también sostiene que se habría ocultado información sobre esa participación, incluida la explicación ofrecida públicamente después del accidente, cuando se señaló que los extranjeros estaban relacionados con una capacitación en materia de drones.
Los testimonios, registros de hospedaje, datos de GPS y videograbaciones expuestos durante la audiencia constituyen elementos presentados por el Ministerio Público para sustentar su acusación, pero no equivalen por sí mismos a una declaración judicial de culpabilidad.
El procedimiento continúa bajo la conducción del juez Luis Alberto Simental Ortega, mientras César Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
