MÉXICO.- En México se suelen utilizar diferentes términos para hacer referencia a las personas con discapacidad, como discapacitado, persona con capacidades diferentes, entre otros.
Sin embargo, el término correcto es el primero: personas con discapacidad. Esta terminología está sustentada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Es considerado el adecuado ya que se pone en primer lugar a la persona y luego a la condición que tiene, y no se le califica por ésta, como es el caso de la expresión “discapacitado”.
De acuerdo con la Real Academia Española, una persona con discapacidad se define como aquella persona que presenta deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad.
Otros términos que suelen ser empleados pero no correctos son persona minusválida, persona discapacitada o con capacidades diferentes.
Asimismo para referirnos a la discapacidad de la persona, lo correcto es nombrar primero a la persona y luego su discapacidad, por ejemplo, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad motora, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad psicosocial, persona con discapacidad intelectual, entre otros.
También es importante mencionar que, de acuerdo con la estadística oficial, en México viven cerca de 7.1 millones de personas con alguna discapacidad, lo que representa alrededor del 6% de la población; la mayoría de ellos enfrenta dificultad en acceso a servicios y empleos.
Por lo anterior, diferentes empresas, fundaciones e instituciones públicas y privadas, se han encargado de darles inclusión en la sociedad para disminuir la discriminación a la que se enfrentan. El reto es incluirlos y no darles tratos especiales, han dicho los especialistas como Katia D’Artigues, periodista y fundadora del movimiento “Yo también”.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha impulsado la aplicación de políticas, programas y acciones dirigidas al respeto de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito institucional.
