MÉXICO.- Joaquín Muñoz, personaje que ha captado la atención mediática porque asegura que Juan Gabriel está vivo, fue demandado por daño moral por Iván Aguilera, el hijo de «El divo de Juárez», su esposa Simona, y por el abogado Guillermo Pous, de quienes aseguró atentaron contra la vida del cantautor.
Ha dicho una sarta de incoherencias, nosotros lo demandamos por las imputaciones que ha hecho de manera directa a Iván, a Simona, su esposa, y a mí, diciendo que tratamos de robarle el dinero a don Alberto (Juan Gabriel), y que confabulamos para matarlo, por eso la demanda de daño moral», comentó Pous.
Ya fue emplazado, de hecho ya contestó la demanda, fue una audiencia en la que yo estaba notificado, pero, no obligado a asistir, el juicio se sigue en San Luis Potosí y se reactivará una vez que pase la pandemia del coronavirus», explicó.
Guillermo Pous comentó que el propio Muñoz se está defendiendo y que en los tribunales se tendrán que ver la cara para interrogarse mutuamente.
«Me parece que no habría mucho que buscar para saber que el señor no se encuentra en sus cabales, por todo lo que dice y estoy convencido que los medios le dan entrada sólo para tener material y sacar una sonrisa al día», comentó el abogado.
Con todas estas declaraciones, que Joaquín Muñoz ha hecho y de no comprobar lo que sostiene, será sentenciado, incluso arrestado, además de tener sanciones económicas, así lo explicó Pous.
«El señor se ha dedicado a atentar al prestigio, al honor, a la imagen y a la credibilidad de muchísimas personas, entre ellas la mía; eso al final se tiene que capitalizar con una sentencia, una resolución a nuestro favor, en donde lo condenen».
El abogado de Iván Aguilera detalla las consecuencias que pude tener una sentencia contra Muñoz: «Esto implica desde una disculpa pública, una orden de jactancia, que significa que no pueda mencionar absolutamente nada del tema, puede ser multado e incluso tener un posible arresto», enumeró Pous.
«Lo obligarían a publicar la sentencia en donde se nos concede la razón, si fuera el caso, y además el juez tiene la facultad derivada de posible daño moral, para imponerle una sanción económica», concluyó.
