México.- En toda una simulación se ha convertido el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación, en el cual se elegirán un total de 881 cargos y entre los que se encuentran; Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (9), magistraturas de la Sala Superior del TEPJF (2), Magistraturas de Salas Regionales del TEPJF (15), personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (5), Magistraturas de Circuito (464) y jueces de Distrito con 386 cargos.
Resulta que el 15 de diciembre del año pasado, fue cuando el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal -concentrado en el Senado de la República- publicó en sus sitios oficiales la lista de aspirantes inscritos y que pasaban a la etapa de la supuesta entrevista para la idoneidad.
Empero hubo una situación irregular, no aparecieron por circunstancias extrañas los nombres todos los aspirantes y eso llevó qué ante las inconformidades y amenazas de recurrir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por parte de los afectados, el 17 de diciembre, es decir dos días después, el referido comité publicó una “lista complementaria” con más de tres mil inscritos.
Paso casi un mes, y esos integrantes de la “lista complementaria” recibieron el 20 de enero de 2025 un correo electrónico a sus cuentas personales, en donde se les indicó textualmente: “A quién corresponda: Le recomendamos estar atento vía correo electrónico a los avisos del comité con respecto a su registro.
Atentamente: El comité de evaluación del Poder Legislativo Federal”.
Hasta ahí todo parecía ir bien, pues los miles de aspirantes esperaban les llegará el link a sus cuentas personales de correo electrónico para la entrevista virtual, paso obligado antes de llegar a la tómbola.
Pero se quedaron literalmente colgados, el pasado 30 de enero fue la fecha límite en que concluyeron las entrevistas y el “link” para la plática nunca les llegó.
Los inconformes de la lista complementaria de registrados, comenzaron a investigar por su cuenta, y en un solo chat de Whatsap, donde había más de 500 participantes a juzgadores federales, se percataron que nunca los entrevistaron.
Cuando se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación sobre el Proceso Electoral Judicial, se destacaba que era el primero que se celebraba en México.
Se desprendía que iba ser un proceso electoral, un instrumento de garantía para la democracia porque supuestamente aseguraba certeza en el otorgamiento de la representación popular.
Además, con bombo y platillo se destacaba que tendría certeza, pues se iba dotar de facultades expresas a las autoridades para que todos los participantes en el proceso electoral conocieran previamente con claridad y seguridad las reglas a la que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales.
Se supone que tendría imparcialidad, consistente en que las autoridades electorales evitarían irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista durante el ejercicio de sus funciones.
La claridad en las facultades era crucial para evitar arbitrariedades y garantizar que las decisiones tomadas durante el proceso electoral estuvieran respaldadas por un marco legal transparente y accesible para todos los actores involucrados.
Todos estos aspectos fueron pura palabrería, los cientos por no decir miles de aspirantes que no fueron tomados en cuenta para la entrevista se quedaron sin ser escuchados en uno de los procesos electorales mas viciados del siglo XXI en el país.
Se anticipan demandas e interposición de recursos de protección en los Tribunales Electorales del país por semejante exclusión.
