Chihuahua, Chih.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) por presuntos actos de vigilancia no autorizada hacia el exgobernador César Duarte Jáquez, tras su salida del Cereso de Aquiles Serdán en junio de 2024.
La queja fue presentada por Duarte Jáquez el 9 de septiembre de 2024, y la CEDH emitió la recomendación el 22 de septiembre, señalando presuntas violaciones a sus derechos humanos.
El exmandatario, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, enfrenta procesos judiciales por peculado y asociación delictuosa, acusado del desvío de 96 millones de pesos. Tras ser detenido en Estados Unidos en julio de 2020 y extraditado a México en junio de 2022, actualmente sigue su proceso en libertad bajo medidas cautelares, incluyendo el uso de brazalete electrónico y la prohibición de salir del municipio de Chihuahua.
En su denuncia, Duarte señaló que la SSPE lo mantuvo bajo acoso y vigilancia desde su liberación, incluyendo la instalación de una torre de videovigilancia tipo Centinela, sobrevuelos de drones sobre su residencia y presencia de vehículos sin rótulos y con vidrios polarizados. También narró episodios de seguimiento, como el 27 de agosto, cuando fue perseguido por un vehículo Jetta gris mientras circulaba con un amigo, y otro 3 de septiembre durante una cita médica.
Por su parte, la SSPE negó los señalamientos en un oficio del 3 de octubre de 2024, asegurando que no hubo vigilancia mediante drones ni unidades asignadas a Duarte, aunque reconoció tener una base de monitoreo “escorpiones” en el fraccionamiento donde reside. La FGE también negó cualquier seguimiento, aunque confirmó que el Jetta gris pertenece a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
La CEDH emitió cuatro recomendaciones principales:
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Dar vista al Órgano Interno de Control o autoridad competente respecto a los hechos acreditados.
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Inscribir al exgobernador en el Registro Estatal de Víctimas y remitir las constancias correspondientes en un plazo de 30 días.
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Proveer lo necesario para la reparación integral del daño conforme a la resolución.
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Implementar medidas administrativas para garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos similares.
La resolución fue firmada por el presidente interino de la CEDH, Alejandro Carrasco Talavera, y las dependencias tenían 15 días hábiles para responder si aceptaban o no las recomendaciones, plazo que venció este lunes.
