CHIHUAHUA.- La diputada izquierdista Ilse América García Soto, del partido Movimiento Ciudadano, fue la “encargada” para presentar este martes una polémica iniciativa que podría vulnerar los derechos humanos y las garantías individuales plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante la exigencia obligatoria a la población chihuahuense de mostrar sus certificados de vacunación anti-Covid para permitirles el acceso a espacios públicos y establecimientos comerciales.
Mediante esta iniciativa presentada en la Sesión de la Diputación Permanente celebrada este día, se plantea “exhortar al Ejecutivo del Estado de Chihuahua, así como a sus 67 municipios, para que se exija y se promueva entre los negocios y/o establecimientos, la solicitud a los ciudadanos, de su comprobante/certificado de vacunación COVID, para conceder la entrada a sus respectivos locales.”
Sin embargo, las cifras de la Secretaría de Salud federal al cierre del 2021 reportan que, con 4 millones 527 mil 102 dosis aplicadas, el estado de Chihuahua lleva un avance del 88% de personas vacunadas con al menos una dosis entre su población adulta mayor de 17 años (que lo ubican entre los 10 estados con mayor cobertura), por lo que la medida de exigir un certificado pareciera innecesaria y violatoria de los derechos humanos.
A nivel nacional el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro (como en pocas veces), que la vacunación no deberá ser obligatoria ni condicionante para permitir el libre tránsito de la población en la república mexicana en sus actividades laborales o cotidianas.
Se espera algún pronunciamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que en Chihuahua encabeza Nestor Armendáriz respecto a este exhorto de la diputada América García.
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