Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este martes ante un juez federal al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien enfrenta una acusación por lavado de dinero, un día después de haber sido detenido en la capital del estado.
La audiencia inicial se llevó a cabo en el Centro Federal de Readaptación Social N.º 1, conocido como Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde fue trasladado el lunes tras su detención en la colonia Jardines de San Francisco, en Chihuahua capital.
La detención
Duarte fue detenido alrededor de las 2 de la tarde del lunes, cuando salía de su domicilio. Vestía chamarra azul, camisa blanca y pantalón negro.
De acuerdo con su defensa, momentos antes había acudido al despacho de sus abogados, donde habría dejado documentación relevante para su caso.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que en 2024 el Gobierno de México solicitó a Estados Unidos autorización para procesar a Duarte por delitos distintos a los que motivaron su extradición —peculado y asociación delictuosa—. Esta autorización fue finalmente concedida el pasado 4 de diciembre.
Los señalamientos
Según la FGR, Duarte está implicado en un esquema de lavado de dinero mediante operaciones destinadas a ocultar recursos ilícitos desviados del erario estatal, utilizando el Sistema Financiero Mexicano.
La defensa sostiene que se trata de los mismos 96 millones de pesos por los que ya enfrenta proceso en Chihuahua (carpeta 3041) y por los cuales fue absuelto en un procedimiento administrativo. Además, argumenta que el Tratado de Extradición prohíbe juzgar a una persona por delitos distintos a los autorizados por el país que la entregó.
Las penas que podría enfrentar
De acuerdo con el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contempla penas de 5 a 15 años de prisión y multas de 1,000 a 5,000 días.
Sin embargo, el artículo 400 Bis 1 establece que estas penas se duplican cuando el delito es cometido por servidores públicos encargados de prevenir, investigar o juzgar delitos, o por exservidores públicos dentro de los dos años posteriores a dejar su cargo.
En consecuencia, Duarte podría enfrentar hasta 22 años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo igual al de la condena.
Las conductas tipificadas como lavado de dinero
El Código Penal Federal define dos tipos de conductas:
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Administrar, adquirir, transferir, poseer o movilizar recursos cuando se tenga conocimiento de que provienen de actividad ilícita.
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Ocultar o encubrir el origen, propiedad o destino de dichos recursos.
Ambas son castigadas con la misma penalidad.
Lo que sigue en el proceso
Duarte fue presentado ante la jueza María Jazmín Ambriz López, quien determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El exgobernador fue extraditado en 2020 desde Estados Unidos para enfrentar procesos por peculado y asociación delictuosa, relacionados con desvíos millonarios durante su administración (2010–2016).
Jueza electa por voto popular decidirá el futuro de César Duarte
María Jazmín Ambriz López, jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, es la funcionaria encargada de resolver las audiencias de control de detención y vinculación a proceso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, detenido el lunes en la capital del estado.
La jueza fue electa en el cargo durante las elecciones del 1 de junio de 2025, como parte del nuevo modelo de elección popular de jueces y magistrados implementado en México, un mecanismo que ha generado debate por su impacto en la independencia judicial.
Ambriz López, de 39 años, acumula 16 años de experiencia en el sistema judicial y actualmente cursa el Doctorado en Ciencias Penales en la Escuela Jurídica y Forense, fortaleciendo su especialización en materia penal.
Es licenciada en Derecho por la FES Aragón de la UNAM, con cédula profesional 7773961, y cuenta con una Maestría en Juicios Orales y Sistema Acusatorio, obtenida entre 2014 y 2016 en la Escuela Jurídica Forense del Sureste.
Su formación incluye cursos clave como el de Notificador Judicial de la Escuela Judicial del Estado de México, así como el Curso para Actuarios del Poder Judicial de la Federación, ambos fundamentales para su trayectoria en el sistema de justicia.
Entre 2021 y 2022 cursó la Especialidad para Secretarios del Poder Judicial de la Federación y culminó el Curso de Formación para Aspirantes a Juez en Materia Penal en octubre de 2022, consolidando su ruta hacia la judicatura.
También cuenta con capacitación en beneficios preliberacionales, nociones de derecho penal y actualización en materia de trata de personas, temas relevantes dentro del sistema acusatorio.
En el ámbito profesional, inició como secretaria de acuerdos en el Juzgado de Ejecución de Sentencias de Nezahualcóyotl, para después desempeñarse como jefa de causa en el Juzgado de Control y Juicios Orales del mismo distrito.
Antes de asumir el cargo actual, fue secretaria proyectista en el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal en Texcoco, experiencia que la colocó en un rol clave en la revisión de sentencias penales.
La jueza deberá determinar si existen elementos suficientes para vincular a proceso a César Duarte por lavado de dinero, delito por el que fue presentado tras su detención en Chihuahua capital y del cual la Fiscalía General de la República asegura contar con pruebas sólidas.
El caso ha generado controversia, pues la defensa sostiene que el Tratado de Extradición México–Estados Unidos impide procesarlo por delitos distintos a los que motivaron su entrega en 2020: peculado y asociación delictuosa, lo que podría abrir un debate jurídico de alto impacto.
