Chihuahua, Chih.- La Fiscalía de Distrito Zona Sur identificó a cinco personas como presuntos responsables del fraude millonario del Grupo Financiero Pacheco (GP Capital), entre ellos los hermanos Kevin P. y Bryan P., señalados como los principales autores intelectuales.
De acuerdo con el fiscal Juan Carlos Portillo Coronado, los implicados se encuentran prófugos de la justicia. Incluso, algunos fueron vistos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que refuerza la hipótesis de que abandonaron el país para evadir responsabilidades.
Los hermanos Kevin y Bryan, junto a otros tres cómplices bajo investigación, habrían operado un esquema tipo Ponzi, con el que lograron defraudar a más de 1,600 inversionistas y un monto estimado en 300 millones de pesos. La empresa prometía rendimientos elevados, pero dejó de pagar desde el mes de junio, lo que detonó el escándalo.
Tras descubrirse el presunto fraude, las oficinas fueron saqueadas por ciudadanos molestos. Posteriormente, se sumaron las denuncias de extrabajadores de la empresa, quienes aseguran haber sido doblemente víctimas, pues además de quedar sin empleo ni liquidación, invirtieron sus propios ahorros en el sistema que resultó ser fraudulento.
Incluso, los exempleados afirmaron que gracias a la aplicación Find my iPhone, los hermanos habrían sido localizados en Madrid, España. Entre los afectados se cuentan al menos 21 trabajadores que llevan varias quincenas sin recibir salario.
La exgerente de la firma, Arely González, denunció públicamente que los empleados quedaron “sin empleo, sin liquidación, sin sueldos y endeudados”. Reveló que ella misma invirtió 300 mil pesos, los ahorros familiares de un año, y además su vivienda fue saqueada por sujetos desconocidos, quienes se llevaron instrumentos musicales y otros artículos de valor.
“Nos dejaron sin ingresos y con la presión social de que la gente nos responsabiliza por algo que tampoco controlábamos”, señaló la exempleada, al subrayar el ambiente de miedo y vulnerabilidad que enfrentan decenas de familias afectadas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la investigación y trabaja en coordinación con los afectados para dar seguimiento al caso.
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