Chihuahua, Chih.- Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso de Chihuahua, instalaron la Mesa Técnica para analizar la institucionalización de Guardias de Seguridad a ex funcionarios públicos.
En esta instalación, estuvieron presentes los diputados Georgina Bujanda, presidenta de la Comisión Legislativa; Gustavo de La Rosa, secretario; y los vocales: Marisela Sáenz, Fernando Álvarez y Jesús Villarreal, así como expertos en materia de seguridad pública.
Enrique Galindo, Abogado y Maestro en Política Criminal por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Maestro en Estado de Derecho y Buen Gobierno, por la Universidad de Salamanca, España; candidato a Doctor en Gobernanza Global por la misma Universidad, ha recibido formación policial en el FBI, Universidad de Berkeley, de Toledo y Complutense; resaltó que a nivel nacional hay una relevancia respecto al análisis de los mecanismos pertinentes para asignar protección a ex funcionarios públicos de acuerdo a su grado de riesgo y en base a las decisiones emitidas de manera operativa.
María Eugenia Suárez de Garay, profesora-investigadora de la Universidad de Guadalajara, y especialista en estudios policiales, específicamente en temas relacionados con culturas policiales, transformación de las organizaciones policiales, procesos de reforma policial, seguridad ciudadana y prevención de las violencias y el delito; determinó que de acuerdo con la toma de decisiones en la administración pública, los ex funcionarios públicos, principalmente de primer nivel, son quienes solicitan y necesitan este tipo de seguridad, sin embargo señaló que antes de la formación de un mecanismo, es necesario que se tenga una capacitación y formación para este tipo de agentes.
Facundo Rosas, Ingeniero por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestrías en Administración Seguridad Pública y Derechos Humanos; en el ámbito de Seguridad Pública y Nacional, recibió capacitación en las academias del FBI y la DEA en Quántico, Virginia, Estados Unidos, así como en centros de formación superior de España, Francia, Israel, Canadá, Colombia, Japón, Guatemala y Bolivia; comentó sobre el origen de los riesgos para las personas que son ex funcionarios públicos y concretó que el mecanismo a elaborar para la designación de guardias de seguridad, es dividir a las personas que laboran en el ámbito legislativo, ejecutivo, en derechos humanos y agregó un cuarto grupo que señaló para periodistas y/o reporteros.
Alberto Hidalgo, Consultor en Seguridad Pública, quien cuenta con maestría en Psicología Jurídica y Criminología por el Instituto Universitario de Puebla; en Seguridad Pública y Ciencias Policiales por el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo en Ciencias Policiales; Doctorante en Seguridad Pública, Procesamiento Penal y Política Criminal por el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo en Ciencias Policiales; resaltó que, se debe de buscar la creación de una división especial dentro la institución de seguridad pública para los elementos que son guardias de seguridad, la cual pueda capacitar, que tenga una formación inicial, seguido de una profesionalización para escoltas.
Jorge Contreras Fornelli, Ingeniero Industrial y de Sistemas por el ITESM Campus Monterrey, Egresado IPADE de Alta dirección AD-2, Invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad presidido por el Presidente de la República; miembro fundador y ex-coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia de Cd Juárez, así como parte del Comité Ejecutivo de la Red Nacional de Mesas de Seguridad; en su intervención, apuntó que dar seguridad a funcionarios públicos y ex funcionarios, garantiza que se realicen las labores de manera adecuada, que se tenga una certeza de la seguridad y que se pueda cumplir con las responsabilidades asignadas.
Por último, la presidenta de la Comisión Legislativa, la diputada Georgina Bujanda Ríos, reconoció los comentarios de cada uno de los expertos, mismos que contribuirán en gran medida para la formación de un mecanismo, de la dignificación de los guardias de seguridad, la capacitación, entre otros puntos más deben de tomarse en cuenta para garantizar la protección de los ex funcionarios.
