NCG, Chihuahua.- Tras lo ocurrido esta semana en la comunidad de El Capulín, cercana a Nuevo Casas Grandes, dónde se llevó a cabo un aparatoso operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), generando tensiones con pobladores menonitas al asegurarles un predio que contenía dos cisternas de combustible utilizado para maquinaria agrícola, Julián LeBarón acusó a la FGR de exigirles medio millón de pesos como ‘extorsion‘ para dejarlos trabajar y ‘no acusarlos de cosas indebidas’.
El conflicto se derivó luego de que, con apoyo de elementos de la SEDENA, agentes de la FGR resguardaron el predio mientras un operador de PEMEX extraía el hidrocarburo almacenado ahí por la comunidad.
En respuesta, los menonitas bloquearon los accesos con maquinaria pesada, dejando incomunicados a los elementos federales.
Ante la creciente hostilidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) envió al Fiscal de la Zona Noroeste, Alejandro Vargas, para mediar en el conflicto.
Cuando las negociaciones parecían avanzar, la situación escaló debido a un intento de fuga por parte del operador de PEMEX, quien pretendió retirarse del lugar a bordo de un camión cisterna cargado con aproximadamente 15,000 litros de combustible, pero fue interceptado por los manifestantes.
Finalmente, mediante la intervención y tras varias horas de diálogo, se logró que llegaran a un acuerdo; se devolvió el combustible a los pobladores y el operador de PEMEX fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar responsabilidades.
En tanto, la Fiscalía General de la República continúa las indagatorias que derivaron en el conflicto.
Este viernes, el activista y líder de la comunidad menonita, Julián LeBarón grabó una llamada telefónica hecha a una funcionaria de la FGR dónde le exige la devolución de computadoras, cámaras de video, un vehículo, documentos y facturas que les fueron sustraídos de la empresa en este operativo acusando que sus agentes les han estado exigiendo dinero, $500 mil en esta ocasión pero en el último mes la cantidad pagada ha sido de cinco millones de pesos para dejarlos trabajar, extorsión a la que ya no están dispuestos a acceder y que señalan como la razón por la que fueron víctimas de este aparatoso operativo.
