Chihuahua, Chih.- Gracias al nuevo Modelo de Justicia Cívica, que fue implementado en el Municipio de Chihuahua para mejorar la manera en que se impartía la justicia administrativa, en poco más de un año se han realizado más de 11 mil audiencias públicas y transparentes, otorgando al detenido la oportunidad de réplica y de ser escuchado por un juez cívico y un oficial de acuerdos que darán seguimiento a cada caso en particular.
Durante las audiencias públicas, realizadas en los juzgados cívicos de ambas comandancias, la persona detenida puede aceptar su responsabilidad en el hecho sobre el cual es acusada, o bien refutar la detención, presentando sus argumentos para defenderse, siendo el o la juez cívico quien finalmente tome la decisión, basada en estos y los argumentos de el o los elementos que realizaron el arresto.
Las audiencias permiten determinar también si se presentaron posibles violaciones a los derechos humanos o se cometieron arbitrariedades por parte de los agentes policiales hacia las personas que son llevadas a los centros de detención, a fin de iniciar, si existiesen elementos suficientes, con los procedimientos administrativos correspondientes en contra de los funcionarios.
Por su parte, la figura del oficial de acuerdos representa a los agentes y a su vez es el encargado de determinar, junto con el acusado, las sanciones que les serán impuestas, pues en ocasiones pueden conmutarse las multas o cárcel por la realización de trabajos en favor de la comunidad, como pinta de camellones, reforestación, limpieza de parques, etcétera.
De acuerdo a las palabras de Liliana Armendáriz, subdirectora de Justicia Cívica y Prevención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), aproximadamente 50 de cada 100 hombres y mujeres que ingresan a los centros de detención, son quienes reciben este derecho, siempre y cuando se encuentren en estado conveniente, sin problemas de intoxicación o de patologías mentales que les impidan participar en ellas, al igual que quienes cuenten con órdenes de aprehensión o estén siendo investigados por delitos, en cuyos casos son canalizados a la Fiscalía General del Estado.
“En los últimos 16 meses, es decir, de octubre del año 2021 a la fecha, fueron ingresadas a las celdas preventivas 32 mil personas, de las cuales 27 mil llegaron a raíz de la comisión de faltas administrativas y cerca de 2 mil 700 por estar involucradas en algún tipo de delito, entre otras que se clasifican como no culpables, siendo la Comandancia Sur la que más individuos recibe anualmente”, explicó la funcionaria.
