El expresidente francés Nicolas Sarkozy enfrenta a partir de este lunes su juicio en apelación en el caso de las «escuchas», por el que ya fue condenado en marzo de 2021 a tres años de cárcel por corrupción.
Sarkozy, al frente de Francia de 2007 a 2012, se convirtió entonces en el primer presidente condenado a prisión firme –uno de los tres años- en un juicio en el que denunció «infamias».
El exmandatario conservador, de 67 años, recurrió la condena, así como los otros acusados, su abogado Thierry Herzog y el exmagistrado Gilbert Azibert, que recibieron la misma pena.
El caso remonta a comienzos de 2014, cuando los dos teléfonos de Sarkozy estaban bajo escucha por parte de la justicia en otra investigación sobre la presunta financiación libia de su campaña en 2007.
Los investigadores descubrieron entonces la existencia de una tercera línea telefónica bajo el pseudónimo de «Paul Bismuth», que le servía para hablar sin temor a ser escuchado con su abogado y amigo.
Según la acusación, ambos organizaron así un pacto de corrupción con Azibert, fiscal en la Corte de Casación, que habría ofrecido su ayuda en un caso a cambio de un puesto prestigioso en Mónaco.
Sarkozy quería entonces que el alto tribunal anulara la incautación de sus diarios presidenciales en el marco de la investigación sobre el abuso de debilidad de la heredera de L’Oréal, Liliane Bettencourt.
Los investigadores sospechan que Azibert tenía conocimiento previo de información confidencial y que intentó influir en los asesores que participaron en las deliberaciones, pero en vano.
El exmagistrado no consiguió el codiciado puesto y la Corte de Casación rechazó el recurso del exjefe de Estado. Para su defensa, esto desmonta las acusaciones de presunta corrupción.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy enfrenta a partir de este lunes su juicio en apelación en el caso de las «escuchas», por el que ya fue condenado en marzo de 2021 a tres años de cárcel por corrupción.
Sarkozy, al frente de Francia de 2007 a 2012, se convirtió entonces en el primer presidente condenado a prisión firme –uno de los tres años- en un juicio en el que denunció «infamias».
El exmandatario conservador, de 67 años, recurrió la condena, así como los otros acusados, su abogado Thierry Herzog y el exmagistrado Gilbert Azibert, que recibieron la misma pena.
El caso remonta a comienzos de 2014, cuando los dos teléfonos de Sarkozy estaban bajo escucha por parte de la justicia en otra investigación sobre la presunta financiación libia de su campaña en 2007.
Los investigadores descubrieron entonces la existencia de una tercera línea telefónica bajo el pseudónimo de «Paul Bismuth», que le servía para hablar sin temor a ser escuchado con su abogado y amigo.
Según la acusación, ambos organizaron así un pacto de corrupción con Azibert, fiscal en la Corte de Casación, que habría ofrecido su ayuda en un caso a cambio de un puesto prestigioso en Mónaco.
Sarkozy quería entonces que el alto tribunal anulara la incautación de sus diarios presidenciales en el marco de la investigación sobre el abuso de debilidad de la heredera de L’Oréal, Liliane Bettencourt.
Los investigadores sospechan que Azibert tenía conocimiento previo de información confidencial y que intentó influir en los asesores que participaron en las deliberaciones, pero en vano.
El exmagistrado no consiguió el codiciado puesto y la Corte de Casación rechazó el recurso del exjefe de Estado. Para su defensa, esto desmonta las acusaciones de presunta corrupción.
El tribunal de primera instancia estimó en cambio que existía un «conjunto de pruebas graves, precisas y concordantes» y que, según la ley, no es necesario que la contraprestación se haya obtenido ni que la influencia sea real para cometer los delitos.
El juicio en apelación comenzó este lunes y durará hasta el 16 de diciembre. La decisión llegará varias semanas después, pero no pondrá fin a los problemas judiciales del exjefe de Estado.
El 8 de noviembre 2023 comenzará también el juicio en apelación del caso Bygmalion, por el que fue condenado en septiembre de 2021 a un año de prisión firme por financiación ilegal de su campaña de 2012.
Sarkozy está imputado también en un caso sobre la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 por fondos ocultos libios y la justicia lo investiga sobre sus actividades de asesoría en Rusia.
