Chihuahua, Chih.- La Procuraduría Agraria en el estado de Chihuahua tiene actualmente alrededor de mil 200 demandas y/o controversias que están rezagadas desde hace varios años, y las cuales no avanzan debido a que solo cuentan con cuatro abogados para ese gran cúmulo de asuntos pendientes de resolverse.
El dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) Jesús Emiliano García informó a HBMNoticias.com, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto había el doble de abogados en dicha procuraduría, es decir, eran ocho, pero en el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador el recorte llegó al 50 por ciento, quedando un mínimo de cuatro abogados, los cuales tienen sueldos de ocho a diez mil pesos mensuales, por lo que se prestan actos de corrupción.
La autoridad responsable o área gubernamental responsable de acompañar la asesoría y defensa de un problema o controversia que tengan los sujetos agrarios (ejidatarios, comuneros y avecindados), es la Procuraduría Agraria, la cual se ubica en la ciudad de Chihuahua en la calle Zarco, casi esquina con la calle 28.
Esta dependencia cuenta con oficinas que se les denominan Residencias y que existe una en Camargo, otra en Parral, una en Cuauhtémoc, otra en Juárez y una más en Chihuahua, detalló el líder campesino.
Las residencias reciben quejas de los campesinos y de ahí organizan para que se solucionen los problemas ya sea por mesa conciliatoria o por demanda ante el único Tribunal Agrario, el cual se encuentra en la ciudad de Chihuahua en la calle Washington y avenida Américas, abundó.
“La Procuraduría Agraria cuenta con solo cuatro abogados para atender unos mil 200 controversias o demandas y estos licenciados en derecho, tienen sueldos desde 8 mil pesos a 10 mil pesos.
En el sexenio de Peña Nieto, la Procuraduría Agraria contaba con 8 abogados y los sueldos eran los mismos y se provocaba la corrupción, ahora los sueldos son los mismos, hay menos abogados y persiste la corrupción. Si quieres que avance tu juicio, pues debes pagar algo, esa es la mala práctica”, subrayó el líder campesino.
En la opinión de la UCD, el fenómeno de los bajos salarios obliga a esos abogados a “morder”.
Cabe señalar que el presupuesto que se tenía en 2018, para el siguiente año 2019, fue reducido para la Procuraduría Agraria y cada año, hasta éste que se discute para el 2024, también se presenta con recortes, dijo Jesús Emiliano.
Esto nos indica que no existe el interés por parte del gobierno federal de atender una de las demandas que se le presentaron al presidente en tiempos de campaña.
A pesar de que en este momento la propiedad social de la tierra, es decir, los ejidos y comunidades suman un poco más del 55% del territorio nacional, superficie mayor al régimen de propiedad privada; al gobierno federal no le importa atender y menos resolver este problema denominado Rezago Agrario, puntualizó Jesús Emiliano.
Antes de producir alimentos para alcanzar una soberanía alimentaria, debemos de tener tranquilidad y certeza jurídica de la propiedad ejidal y comunal, pero eso está muy lejos que ni siquiera lo imaginamos, dijo.
Los problemas recurrentes que encontramos en el grueso de los sujetos agrarios son lo de las sucesiones del derecho, ya que representan juicios para resolver los intestados que dejan los derechosos que mueren.
Otros son invasiones de parcelas, de derechos de uso común por ejidatarios y particulares que no son miembros del núcleo agrario, concluyó el líder campesino.
En conclusión hay incertidumbre en le tenencia de la tierra.
Por: www.HBMNoticias.com
