Chihuahua, Chih.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua presentó formalmente una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) en contra de la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, por presuntas violaciones a los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad en el ejercicio del servicio público.
La denuncia promovida abarca la existencia de un presunto esquema sistemático de promoción personalizada mediante el uso de redes sociales oficiales, eventos gubernamentales y la distribución de apoyos alimentarios con la imagen, nombre y cargo de la alcaldesa.
De acuerdo con el documento presentado ante la autoridad electoral, existen elementos que podrían constituir propaganda gubernamental personalizada y uso indebido de recursos públicos, al vincular programas sociales y apoyos alimentarios con la imagen personal de la servidora pública.
Entre las evidencias aportadas se encuentran publicaciones difundidas a través de la página oficial de Facebook del Gobierno Municipal de Guadalupe y Calvo, así como material físico correspondiente al programa alimentario “Raíces que Alimentan”, en cuya presentación aparece la imagen fotográfica, nombre y cargo de la presidenta municipal.
La utilización de programas sociales y recursos institucionales para posicionar la imagen de cualquier servidor público contraviene lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y no incluir elementos que impliquen promoción personalizada.
Asimismo, se solicitó al Instituto Estatal Electoral (IEE) la realización de diversas diligencias de investigación, la certificación de publicaciones digitales, la inspección del material denunciado y la implementación de medidas cautelares para evitar la continuidad de las conductas señaladas mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.
El tricolor confía en que la autoridad electoral realizará una investigación exhaustiva y objetiva de los hechos denunciados, garantizando el respeto a la legalidad, la transparencia en el uso de los recursos públicos y la equidad en la vida democrática del estado.
