México.— La reciente elección de jueces y magistrados en México ha generado fuerte controversia, luego de que salieran a la luz los antecedentes penales, señalamientos por delitos graves y vínculos con el crimen organizado de al menos 13 de los aspirantes electos, quienes están a un paso de asumir cargos en el Poder Judicial Federal y local.
Organizaciones como Defensorxs, así como expertos y consejeros electorales, han advertido que estos perfiles podrían manchar la legitimidad de las designaciones. Entre los casos más graves se encuentra Hernán Vega Burgos, electo como magistrado local en Yucatán, acusado de proteger una red de trata de personas en su etapa como delegado del Instituto Nacional de Migración en 2009. Dos mujeres de Costa Rica declararon que les cobraba cuotas por prostituirse y las amenazaba con violarlas o deportarlas.
En Chihuahua, fue electa Silvia Delgado, exabogada de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien recibió su constancia para convertirse en jueza penal en el distrito judicial Bravos. Su nombramiento aún puede ser impugnado por el Tribunal Electoral.
Otro caso insólito es el de Héctor Ulises Orduña, ganador de una plaza como juez de distrito en Veracruz, pese a estar en prisión preventiva por abuso sexual de menores y pornografía infantil desde hace dos meses.
A la lista se suma Jaime Cisneros, electo como magistrado de circuito en Nuevo León, señalado por acoso a estudiantes universitarios. También fueron exhibidos Sergio Díaz, candidato a magistrado en Monterrey, acusado de ser deudor alimentario, y Genaro Antonio Valerio, aspirante en Sonora, con múltiples denuncias por acoso laboral, hostigamiento sexual y abuso de poder.
Llama la atención la presencia de tres integrantes de la iglesia La Luz del Mundo, organización cuyo líder cumple condena en EE.UU. por abuso sexual infantil. Se trata de Madián Sinaí Menchaca Sierra, Eluzai Rafael Aguilar y Salma Jaanai Martínez Macías, esta última electa como jueza penal federal en Coahuila.
En la Ciudad de México, destaca Irlanda Gabriela Pacheco Torres, quien ganó una jueza de distrito en Iztapalapa pese a estar suspendida por acusaciones de fraude procesal y uso de documentos falsos, además de vínculos con presuntos integrantes de La Unión Tepito.
También fueron electas Alejandra Lozano Maya, acusada de tortura y abuso sexual cuando fungía como agente de la Fiscalía del Estado de México; Norma Alicia Sandoval Torres, cesada por supuesta fabricación de pruebas en casos de narcotráfico en Baja California; y Tania Contreras, presunta implicada en redes de huachicol y sobornos en aduanas de Tamaulipas.
A estos casos se suman más de 40 aspirantes que incumplen requisitos académicos mínimos, como promedios insuficientes en licenciatura o especialidad, según revelaron consejeros electorales.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral son las únicas instancias que pueden frenar estos polémicos nombramientos, cuyo desenlace definirá si estos perfiles llegan o no al sistema judicial mexicano.
