Ciudad de México.- La legisladora petista Lilia Aguilar solicitó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados descartar a Claudia Arlett Espino como candidata a consejera del INE, pues ella está inhabilitada temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
En un oficio dirigido al líder parlamentario de Morena, Ignacio Mier, la diputada advirtió además que Espino enfrenta cinco procedimientos de responsabilidad administrativa encontrados en su contra por el órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua.
Sostuvo por ello que la ex consejera electoral del órgano estatal incumple el requisito de virtudes, valores y ética profesional para ocupar el cargo de consejero del INE.
“Claudia Arlett Espino fue sancionada con inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por el término de tres meses misma que continúa vigente y no ha sido suspendida y revocada por autoridad competente”, alertó Aguilar a la Junta de Coordinación Política.
Los diputados integrantes de dicha instancia prevén someter mañana jueves a consideración del pleno el acuerdo para designar a la nueva presidenta del Consejo General del INE y a tres integrantes del organismo para el periodo 2023-2032.
El Comité Técnico de Evaluación incluyó a Claudia Arlett Espino en la segunda quinteta, sin conocer su inhabilitación.
Sin embargo, de acuerdo con el oficio IEE-OIC-ASR-87/2023 remitido a la Junta de Coordinación Política por el Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, la hoy secretaria de cuentas de la Sala Superior del TEPJF fue inhabilitada por tres meses para ocupar cargos públicos y dicha sanción se mantiene vigente a la fecha.
La diputada Aguilar señaló que algunos de los procedimientos de responsabilidad administrativa contra Espino se encuentran en trámites o suspendidos por resoluciones de jueces de amparo, pues la imputada argumenta que no le fue proporcionado intérprete del español a lengua materna durante el proceso, aun cuando el traductor rarámuri hizo constar que ella no es hablante indígena.
“Es obvio que la multicitada aspirante pretende evadir su responsabilidad y aprovechar acciones afirmativas implementadas para garantizar el acceso a la justicia a personas indígenas”, acusó.
Tomada de Milenio
