Chihuahua, Chih.- Será el próximo lunes a las nueve de la mañana en que se resolverá la situación jurídica de los dos socios y directivos de Aras Business Group, Sergio Armando G.C. así como Diana Ivonne C.P., quienes fueron detenidos en base órdenes de aprehensión por el mega fraude millonario.
En una extenuante audiencia que se extendió por más de 15 horas, el juez resolvió prisión preventiva al varon y vigilancia electrónica en casa a la fémina.
En la audiencia de ayer, la declaración que hizo ante el Ministerio Público un Ingeniero Geólogo identificado como “Imputado 6”, y que fue el encargado responsable de la planta “La Morita” municipio de Ascención, misma que publicitaba reiteradamente “Aras Business Group” y el ex Ceo Armando Gutiérrez como el origen de donde extraían oro para vender y de ahí pagar súper rendimientos a los inversionistas chihuahuenses fue contundente.
Nunca sacaron oro y Armando Gutiérrez utilizaba el nombre de dicha mina como pantalla para engañar a las personas.
Lo más que hicieron en dicha mina los trabajadores fue algunos movimientos de materiales, pues “era una cortina de humo para enganchar más inversionistas”, declaró.
Asimismo lograron vender algunos “desechos” de zinc, pero de ahí dicha mina nunca produjo nada.
En la relatoría, el testigo en su declaración dijo que insistentemente buscaba a Armando Gutiérrez a través de colaboradores para tratar de echar andar la mina, pero éste siempre se negaba y escondía.
Dicha mina “La Morita” no tenía registros contables, por lo que lo máximo que podría producir era un 140 por ciento anual de lo que se le invirtiera, es decir, era incosteable, reveló.
El testigo que también es acusado por la FGE, pero no fue detenido al parecer por contar con un amparo, dijo que la esposa de Armando Gutiérrez, de nombre Flor Edith Salazar Rojas le dio la orden en el mes de septiembre de 2021 de despedir a todos los trabajadores y solo se quedaría él.
El pago que hacía “Aras Mining” a “Camex S.A. de C.V.”, era de poco más de 620 mil dólares por tres meses de uso, en donde había clausulas para que en caso de cualquier incumplimiento, se cancelaba el contrato de concesión, es decir, regresaba a propiedad de Camex.
“Era imposible que la mina respondiera”, denunció el imputado 6, cuya identidad no fue revelada.
