Chihuahua.- Aunque Alfredo “El Caballo” Lozoya Santillán ha calificado su situación jurídica como “un malentendido”, defraudar al Gobierno de los Estados Unidos ha resultado muy caro para sus finanzas familiares.
Detenido en Nuevo México a finales de 2021 por utilizar un prestanombres para registrar dos avionetas Cessna con matrícula norteamericana, para el exalcalde de Parral el asunto le ha costado más de un millón de dólares.
Las dos avionetas –que utilizó de manera inapropiada entre 2014 y 2021– le fueron decomisadas y subastadas el pasado mes de agosto por un total de 920 mil dólares.
A mediados de enero, Lozoya obtuvo la libertad bajo fianza tras el pago en efectivo de cien mil dólares de una fianza con valor total de medio millón.
Con ello, suma hasta el momento un desembolso de por lo menos un millón 20 mil dólares, sin contar los honorarios de los abogados que lo representan en la Corte ni los gastos de hospedaje en Las Cruces mientras espera que inicie su juicio, programado de manera tentativa para marzo.
De acuerdo con la acusación formal, Lozoya Santillán adquirió en 2014 dos avionetas Cessna, mismas que registró falsamente en Estados Unidos a nombre de Luis Rubén Chávez. Ambas operaciones fueron ilegales, ya que para poseer una aeronave en EU es requisito ser ciudadano o residente permanente.
El artilugio perduró hasta el 28 de enero de 2021, señala la demanda, en la que tanto Lozoya como Chávez aparecen como acusados. Chávez fue detenido en octubre del año pasado y se declaró culpable; ahora está a la espera de ser sentenciado. “El Caballo” optó por ir a juicio.
En una sesión virtual de la Corte Federal de Nuevo México realizada el 14 de enero, el juez federal Gregory B. Wormuth aceptó que al acusado se le impusiera una fianza de 500 mil dólares –10 millones de pesos al tipo de cambio de 20 pesos por un dólar– para que siga su proceso en libertad.
Se especificó que se depositarían 100 mil dólares en efectivo (2 millones de pesos) en la Corte y que el resto se garantizaría con una propiedad de la esposa de Lozoya, a quien no se menciona por su nombre. Lozoya está casado con Sol Sánchez, con quien ha procreado tres hijos.
En la sesión de la Corte, con duración de 23 minutos, se pidió que el sospechoso contara con un número de celular estadounidense para su localización, además de que se le asignara una persona –third party custodian– responsable de vigilar a Lozoya mientras cumple con las condiciones de su libertad bajo fianza.
Documentos federales apuntan que la familia de Lozoya accedió a las demandas de la Corte y señaló que contaban con la capacidad financiera de cubrir los fondos necesarios para que el acusado fuera liberado. Agregaron que ya contaban con el teléfono celular estadounidense.
El 31 de enero, al darse a conocer su proceso judicial, “El Caballo” expresó a través de redes sociales que estaba “cooperando con las autoridades americanas para dar solución a este mal entendido, generado por un error en el trámite de compraventa de una aeronave” (sic).
“No hay nada de que preocuparse, pero de todas maneras agradezco mucho todas sus muestras de apoyo y cariño”, agregó.
Venta expedita
Documentos judiciales fechados el 18 de marzo de 2021 señalan que fueron decomisadas dos avionetas Cessna implicadas en la defraudación al Gobierno de Estados Unidos.
La primera, una Cessna 208B Grand Caravan, con número de serie 208B-0740, número de registro N208AL, incluyendo sus llaves, bitácoras de vuelo manuales de usuario y registros de mantenimiento.
La segunda, una Cessna T210N, número de serie 21064400 y/o T21064400, con registro N6482Y, también con llaves, además de sus bitácoras de vuelo y mantenimiento.
A través de una subasta electrónica realizada entre el 18 y 25 de enero de 2021, ambas naves fueron vendidas. La N208AL alcanzó un precio de 700 mil 100 dólares, en tanto que la N6482Y se subastó por 220 mil 300 dólares.
En total, Lozoya perdió 920 mil 400 dólares al serle decomisadas ambas avionetas.
El costo de la justicia
Lozoya es representado jurídicamente por los abogados Ray Velarde y Daniel Márquez, con sede en El Paso. En un principio se le asignó un defensor de oficio, pero los cambió por los litigantes privados.
Velarde, que cuenta con experiencia de haber defendido a varios acusados de lavado de dinero en cortes federales, se apoya en Márquez, quien posee la licencia para litigar en Nuevo México.
Un despacho de abogados para esos casos cobra un mínimo de 200 dólares por hora.
El Diario intentó comunicarse con los defensores, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
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