El diputado local priista Omar Bazán Flores fundó la denuncia por peculado en contra de la administración pública estatal que encabeza hasta el día de hoy el gobernador Javier Corral Jurado, ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 16 de julio del presente año, en donde hizo señalamiento graves de corrupción.
El legislador insistió esta mañana de martes que el Gobierno del Estado de Chihuahua sigue sin aclarar distintas observaciones o irregularidades detectadas en el manejo de su hacienda pública por parte de la Auditoria Superior de la Federación, las cuales significan más de 100 irregularidades por más de 8 mil millones de pesos.
Iniciando en 2019 El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el ejercicio de los recursos, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de servicios personales, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Manual de Procesos y Procedimientos MDP (Módulo de Movimiento de Personal, por lo cual la Auditoria Superior de la Federación detecto un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 83,809.9 miles de pesos, por la aplicación de recursos del fondo para pago de personal que no acreditó haber realizado funciones destinadas a la educación básica y normal, durante la licencia sin goce de sueldo, posteriores a bajas, con cargos de elección popular o de identificados como decesos.
Por dicha observación se promovió ante la Secretaría de la Función Pública del Estado la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación.
Tan solo en el año 2018 en el ejercicio de cinco fondos federales no se pudieron aclarar más de 7 mil millones de pesos, los cuales destacan rubros como gastos sin justificar, compras de insumos médicos que no se encuentran en operación, subejercicios y pagos extemporáneos que no pudieron ser solventados por las instituciones estatales.
Si bien en su momento se dio vista a la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua para que investigue, es importante que se den a conocer los resultados de la investigación propia y en su caso conocer si existen responsabilidades administrativas y daños a la hacienda pública.
La misma Auditoria Superior de la Federación en su informe señala que “En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018, apegada a la normativa que regula su ejercicio”, además de presentar “En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno, registro e información financiera de las operaciones, ejercicio y destino de los recursos y adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Destacan por su importancia la compra y no uso de equipo médico para el hospital infantil, incluso se informó a la Secretaría de la función pública del expediente EPI046-2020-SFP-DGII-669-DE-GF en el cual se inicia un procedimiento que determine la posible comisión de responsabilidades administrativas.
Recursos sin aclarar (con 83.8 millones de pesos) correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, por pagos irregulares a personal no dedicado a la enseñanza, dado de baja por defunción y de centros educativos no registrados.
La transferencia por parte de La Secretaría de Educación y Deporte por más de 34 millones de pesos etiquetados dentro del programa ETC a la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua para “apoyos económicos al personal, mediante cheques emitidos los días 28 y 29 de marzo de 2019”. El dinero, aunque fue reintegrado, se hizo a una cuenta distinta a la del programa, explica la ASF, por lo que la SFP inició el procedimiento para fincar responsabilidades.
24 millones 727 mil 349 pesos sin aclarar correspondientes a Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional.
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 18 millones 918 mil 918 pesos… por pagar ocho proyectos de obras realizadas con recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018, sin disponer de la documentación justificativa del gasto”.
El informe de la Auditoria Superior de la Federación concluye aun de manera más preocupante señalando que “No se informó a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos”, por lo que debe ser menester de esta Legislatura solicitar al Poder ejecutivo del Estado nos informe sobre dicha situación que guarda las observaciones por parte de la auditoria superior de la Federación del Periodo señalado entre 2017 – 2019.
Al haberse distraído de su objeto, dinero y valores que fueron recibidos por el Gobierno del Estado de Chihuahua y haber quedado enterado de ello de forma directa y personal el Gobernador Javier Corral Jurado, sin haber investigado y sancionado a sus subordinados es responsable directo del delito de peculado previsto en al artículo 270 fracción I del Código Penal del Estado, en donde el bien jurídico tutelado es la administración de los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, independientemente de su origen, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, mencionó Bazán Flores.
