México.- El periodista Carlos Loret de Mola, reveló en una investigación que entre los contratos adjudicados por el Gobierno de México para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se encontraron empresas fantasma, direcciones falsas, empresas con otros giros comerciales no dedicados a la construcción e incluso pequeños negocios beneficiados con contratos por 78 mdp.
De los 966 contratos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha entregado entre 2019 y 2021, en los cuales se encontró que en la obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador participan empresas fantasma y sociedades investigadas por el desvío de recursos.
Una de las empresas que adjudicaron presupuesto, antes de alquilar al Ejército tractocamiones por 5 mdp, rentó en marzo de 2018 juegos inflables al municipio de Atempan, Puebla.
En dicho contrato también registró una dirección falsa y detalló que se dedica a la renta de inflables y mobiliario para eventos, sin embargo, no se detalló si la compañía cuenta con otros giros comerciales.
Se reveló también que uno de los mayores beneficiarios fue Luis Soto Montoya, quien en total recibió 22 adjudicaciones por 78.87 mdp para la compra de material hidráulico. Sin embargo, el material entregado al Ejército salió de un pequeño local comercial de tlapalería ubicado en la colonia Tacuba en la Ciudad de México.
Loret de Mola dijo que “el Presidente de México convirtió al Ejército en la compañía constructora más próspera del país. Ninguno de los grandes consorcios constructores de México tiene hoy tanta obra como las fuerzas armadas: el aeropuerto de Santa Lucía, cuatro aeropuertos más (Tulum, Palenque…), un tramo del Tren Maya, las dos mil sucursales del Banco del Bienestar… la lista parece interminable, el dinero fluye sin pausa ni control, y el peligro crece”, expresó.
Loret expresó que el presidente López Obrador “decidió convertir al Ejército en una empresa privada. Lo puso vulnerable ante el poder corruptor del dinero. Ahogados en contratos y en tareas, esta revisión de 966 contratos de Santa Lucía exhibe que los militares están cayendo en las peores prácticas corruptas que tanto se condenaron en sexenios pasados”.
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