CHIHUAHUA, Chih.- La gobernadora Maru Campos Galván acusó a Morena de haber promovido la eliminación de disposiciones de la reforma electoral de Chihuahua relacionadas con la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, luego de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La mandataria estatal sostuvo que la reforma aprobada meses atrás por el Congreso de Chihuahua buscaba establecer consecuencias cuando existiera intervención del crimen organizado en una elección, incluyendo supuestos para anular los comicios y limitar la participación de candidaturas que presuntamente hubieran recibido ese tipo de apoyo.
Campos Galván afirmó que el objetivo de la modificación era impedir que grupos criminales pudieran influir en la definición de candidaturas o resultados electorales.
“Lo hicimos para que en Chihuahua no pase lo que ya pasa en otros estados, donde el narco decide quién se registra, quién compite y quién gana”, expresó la gobernadora al fijar su postura sobre la resolución.
La mandataria dirigió sus críticas contra Morena, partido que promovió la impugnación de la reforma, y sostuvo que su actuación terminó por eliminar parte del mecanismo aprobado en Chihuahua.
“Morena votó en contra de blindar las elecciones contra el narco. Y como no le alcanzaron los votos, corrió a la Suprema Corte a pedir que se tumbara”, declaró.
Campos aseguró que uno de los aspectos que considera más relevantes de la resolución es el relacionado con las consecuencias para una candidatura que resulte beneficiada por una eventual intervención del crimen organizado.
“A Chihuahua le quitaron lo que más le duele al narco: que el candidato que gana con su dinero, sus amenazas y sus armas pierda la candidatura”, sostuvo.
La gobernadora también destacó la postura de la ministra Yasmín Esquivel, quien, según Campos, respaldó la posición de Chihuahua al considerar la gravedad que tendría la intervención del crimen organizado sobre la libertad del voto.
Las afirmaciones de Campos sobre las motivaciones e intereses de Morena corresponden a su postura política frente a la resolución y no constituyen una determinación de la Suprema Corte sobre la actuación o los intereses de dicho partido.
La mandataria señaló que su administración acatará la resolución de la SCJN, aunque adelantó que buscará recuperar mediante otras vías legales las disposiciones que fueron invalidadas.
“Si nos cerraron un camino, abriremos otro. Chihuahua no se entrega”, manifestó, al señalar que buscarán trabajar a través de la legislación y del Congreso estatal para establecer nuevamente mecanismos encaminados a evitar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
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