CHIHUAHUA, Chih.- El sistema penitenciario estatal se encuentra nuevamente bajo la lupa tras difundirse señalamientos de presuntos privilegios otorgados a un interno del Cereso número 1 de Aquiles Serdán, vinculado al homicidio del menor Jasiel Giovanny C. L., de 9 años.
El crimen, ocurrido en julio de 2025, generó una fuerte indignación social debido a la violencia del caso. El niño fue encontrado sin vida en un terreno baldío al suroriente de la ciudad, dentro de una bolsa negra y con signos de agresión física y sexual. Las investigaciones apuntaron como principal sospechoso a su padrastro, Abraham Alejandro “N”, actualmente recluido en ese penal.
De acuerdo con testimonios recabados, el imputado se encuentra en el área femenil, específicamente en el área de ingresos, estancia 5, donde presuntamente goza de condiciones fuera de lo común. Entre los beneficios señalados se incluyen ropa de marca, tenis, una pantalla de aproximadamente 20 pulgadas y mobiliario adicional.
También se menciona que tendría acceso a servicios restringidos como teléfono celular e incluso conexión a internet, lo que representaría una violación a los protocolos de seguridad. Asimismo, contaría con un espacio con minisplit donde realiza ejercicio de forma regular durante periodos prolongados bajo supervisión.
Otro de los puntos señalados es su alimentación. Según versiones, el interno no consume la comida habitual del penal, sino que adquiere alimentos distintos para cada tiempo, con un gasto estimado de hasta mil pesos diarios, situación considerada inusual dentro del centro.
Además, se reporta que mantiene contacto cercano con otras internas, de quienes recibiría cartas, chocolates y diversos obsequios, lo que ha reforzado la percepción de un trato diferenciado.
Fuentes también indicaron que durante un operativo de la Guardia Nacional en el área femenil, se registró un momento de tensión cuando custodios habrían intentado evitar que el imputado fuera trasladado junto con el resto de la población para la revisión.
En materia de salud, trascendió que recibiría atención médica distinta a la ordinaria, incluso tras haber sido sometido recientemente a una cirugía. Versiones internas sugieren además que podría ser alertado con anticipación sobre inspecciones.
Hasta ahora, ni autoridades penitenciarias ni la Fiscalía General del Estado han emitido información oficial sobre estos señalamientos, en un contexto marcado por la exigencia de justicia en el caso del menor.
Especialistas advierten que, de comprobarse estas irregularidades, podrían evidenciarse fallas en los mecanismos de control del sistema penitenciario y derivar en responsabilidades administrativas o penales.
