Chihuahua, Chih.– Familiares de José Eduardo Rodríguez Solano denunciaron una presunta negligencia médica en el Hospital Morelos del IMSS, luego de que el paciente, internado desde hace casi tres meses tras un accidente en motocicleta, perdiera la pierna derecha, no a consecuencia directa del percance, sino —aseguran— por una infección provocada por deficiencias en su atención médica.
José Eduardo ingresó al área de urgencias del Hospital Morelos el 6 de noviembre de 2025, tras sufrir un accidente en motocicleta que le dejó fractura de fémur y rótula en la pierna derecha. Desde entonces permaneció hospitalizado en el cuarto 2A9, donde fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas.
De acuerdo con el testimonio del propio paciente y de sus familiares, el 7 de noviembre fue ingresado a quirófano para la colocación de fijadores externos, procedimiento que se repitió el 14 de noviembre, a cargo del médico Jorge Rodríguez. Ese mismo día, José Eduardo comenzó a percibir un olor fétido proveniente de la herida, situación que reportó a médicos residentes, quienes minimizaron el hecho señalando que era “normal”.
Pese a que solicitó curaciones de manera insistente debido al exceso de secreción y dolor intenso, estas no se realizaron sino hasta el día siguiente, bajo el argumento de que no había gasas ni vendas, solicitándole incluso a los familiares que las compraran por su cuenta. La curación se efectuó horas después, cuando el dolor ya era insoportable, situación que —según el afectado— se prolongó durante toda una semana.
Posteriormente, le retiraron una placa y le colocaron nuevamente fijadores; sin embargo, un tornillo quedó alojado en la pierna, lo que agravó el cuadro. El doctor Rodríguez Tarango solicitó la aplicación de un sistema VAC (terapia de presión negativa para heridas), mismo que no fue autorizado ni permitido adquirir por cuenta propia, bajo el argumento de que no había subrogación disponible.
Tras varios días, el sistema VAC fue colocado, pero retirado en una semana debido a que el canister se llenó, repitiéndose la situación en una segunda ocasión, cuando solo duró dos días. El paciente permaneció una semana sin cicatrización adecuada, lo que derivó en una infección bacteriana severa.
Los familiares denunciaron que los cultivos necesarios tuvieron que ser pagados por ellos, con costos de 500 y 2,500 pesos, respectivamente. A pesar de ello, el doctor Rodríguez Tarango programó una amputación para el 2 de enero, misma que fue suspendida sin explicación y sin que el paciente fuera ingresado a quirófano.
Posteriormente, un nuevo médico de apellido Guerrero Pérez solicitó la intervención de una angióloga, quien determinó que los cultivos previos no eran confiables, ordenó nuevos estudios y cambió el tratamiento antibiótico, lo que generó una mejoría visible en la herida y una disminución del dolor. La especialista también solicitó un gammagrama óseo con UBI, el cual nuevamente fue retrasado por supuesta falta de subrogación.
Ante la urgencia, los familiares pagaron el estudio por su cuenta, con un costo de 6,930 pesos, el cual fue entregado el 23 de enero. No obstante, el fin de semana retrasó su revisión médica y la decisión definitiva.
Finalmente, el 28 de enero de 2026, José Eduardo fue sometido a una desarticulación, procedimiento mediante el cual le fue amputada la pierna derecha a nivel de la articulación, debido al avance de la infección.
El paciente también denunció irregularidades dentro del quirófano, como el presunto uso de celulares por parte del personal mientras manipulaban instrumental, la reutilización de gasas que habían caído al suelo y la falta de insumos básicos como jabón, vendas, medicamentos, sábanas y batas, lo que representaría un grave foco de infección. Actualmente, incluso se ve obligado a comprar pañales para evitar que la herida contamine la cama, ya que la ropa hospitalaria tarda varios días en ser cambiada.
La familia exige que las autoridades de salud investiguen a fondo el caso, pues aseguran que la amputación pudo haberse evitado con una atención oportuna, adecuada y digna.
